Surgido de una necesidad comercial en el ciclo de la globalización económica, el Tratado de Libre Comercio (luego T-MEC), se inició en enero de 1994, y puede decirse que su periodo terminó atropellado, en marzo de 2025, con el uso de los aranceles como instrumento de presión política contra México y Canadá.
El tratado buscó la integración productiva entre tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México, dispersando partes de la planta productiva. Para nuestro país el saldo fue irregular: multiplicó por diez su comercio exterior con un aumento sustantivo de exportaciones, pero el efecto nacional en estos 31 años fue bastante mediocre: promedio anual de 2 % del PIB, contra el comparativo histórico de 6 % del largo ciclo populista de 1934-1982.
México tuvo la oportunidad de reorganizar y modernizar su planta productiva nacional para incorporar mayor porcentaje nacional en los productos de exportación, pero los gobiernos de Salinas de Gortari a López Obrador no se preocuparon por nuevos modelos de desarrollo industrial y agropecuario.
El presidente Donald Trump ha utilizado el instrumento comercial de aranceles o impuestos especiales a productos de importación en asuntos no productivos, para que México frenara las caravanas de migrantes en 2020 y entregara a narcopolíticos que, desde su punto de vista, patrocinan a cárteles del narcotráfico.
Esta decisión de Trump ha causado distorsiones en el sistema comercial por razones políticas y sociales, además de afectar de manera directa a empresas que nada tienen que ver con la inmigración o el narco. En ese mismo sentido, la Casa Blanca podrá seguir usando aranceles en cualquier tema que no tenga que ver con el comercio exterior, pero en una situación en que los ritmos productivos no son los mismos de las políticas coyunturales.
El problema es que México no estaba preparado para salirse del tratado. Y tardará muchos años en construir una viabilidad productiva sólida para alcanzar metas de 4 % promedio anual del PIB.