
Al cerrar el 2025 y casi como un conejo de la chistera, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo se sacó de la manga un acuerdo o convenio con las principales cúpulas del sector privado, para comprometerlas a aumentar la inversión privada en 2026 y quitar a la economía del hoyo de estancamiento con tasas promedio previsibles para el sexenio de 1 % anual.
Pero, como se dice en la calle, ni que fueran enchiladas. Los empresarios no van a invertir sólo por sacarse una fotografía con la presidenta ni nada más por la convocatoria gubernamental. Una inversión privada en el sector transformación y en el agropecuario industrializado requiere una planeación de más o menos tres años, un programa financiero a cinco años y, sobre todo, la certeza de que las actividades gubernamentales van a respetar a los inversionistas privados, sin darles el trato actual de los parientes pobres del Estado.
Además, los empresarios necesitan, casi como el oxígeno, un ambiente indispensable para arriesgar sus inversiones, más allá de las reglas que siempre han existido para favorecer al Estado y no a los inversionistas. Y, encima de ello, les acaban de endilgar una reforma judicial y una reforma al amparo que los deja desprotegidos ante cualquier decisión de autoridad del sector público.
Los empresarios ya se acostumbraron a lidiar con el régimen en turno, sea priista, panista o lopezobradorista; acuden a todas las reuniones y se toman todas las fotografías, pero sus inversiones exigen reglas que queden fuera de la autoridad autónoma del Estado. Con una estructura jurídica morenizada, la inversión privada se ha estancado en los siete años de la 4T. En este sentido, para que los empresarios lleven a la realidad lo firmado en convenios desde los tiempos de Luis Echeverría Álvarez, se necesita una gran reforma de modernización de la estructura jurídica para proteger a los inversionistas y no al Estado.
Así que el convenio firmado a principios de diciembre será otro catálogo de buenas intenciones empresariales.