
Las elecciones de gobernador en el Estado de México y, sobre todo, el resultado del pasado domingo 4 de junio, marcaron el inicio formal de la fase final del proceso de sucesión presidencial que tendrá su punto decisivo el 2 de junio de 2024 y cerrará su periodo el 1 de octubre, cuando se entregue la banda presidencial al próximo jefe del Estado mexicano.
De junio de 2021 a junio de 2023 -de las elecciones legislativas que le bajaron curules a Morena, a la conquista de la gubernatura mexiquense-, el país parece haber viajado en el carrito de una montaña rusa en modo máximo, con subidas y bajadas a grado de infarto.
El proceso de sucesión presidencial actual no difiere de los del viejo periodo priista: el presidente de la República tiene la facultad metaconstitucional de designar al candidato oficial de su partido, porque toda la estructura del sistema/régimen/Estado se ha prefigurado históricamente en torno al dominio absoluto -en muchos momentos hasta absolutista-, del jefe del Ejecutivo como centro de poder.
La elección mexiquense abrió lo que pudiera considerarse el año decisivo del sexenio de AMLO y girará en torno al método de selección del candidato: antes fue el dedazo secreto, luego el dedazo disfrazado de participación abierta de precandidatos. Los dos candidatos panistas triunfantes salieron de elecciones internas y Peña Nieto regresó al dedazo para designar al candidato del PRI en 2018.
El modelo sucesorio del presidente López Obrador centralizó la definición del precandidato y creó las condiciones para que el ungido sea determinado por una batería de encuestas; sin embargo, en el fondo, no se trata más que de un dedazo disfrazado.
Vienen sobre el país doce meses de sobresaltos y agobios políticos, pero con los primeros indicios de que el candidato presidencial de Morena ganaría las elecciones y que la disputa política real con la oposición se dará en la votación de las bancadas legislativas.