
Para nadie es un secreto que las elecciones legislativas, estatales y municipales de junio de 2027 son la entrada al túnel de la incertidumbre de las elecciones presidenciales de 2030. A diferencia de los tiempos del PRI, Morena no cuenta con las certezas de mayorías electorales garantizadas.
Pero el principal problema de arranque debe analizarse al interior de la coalición mayoritaria Morena-Verde-PT, en contraste con los tiempos en los que el PRI controlaba hasta 80 % de los votos y la oposición sólo ayudaba a tratar de dar la apariencia de una pluralidad partidista.
En todas las encuestas de arranque del presente ciclo electoral hay indicios de que están preocupando al alto mando morenista: el partido Morena sólo parece garantizar 37 % de los votos, cuando requiere la seguridad de 67 % para mantener la mayoría calificada que le permita cambiar la Constitución sin acuerdos con la real oposición o 51 % para la mayoría absoluta que requiere a fin de aprobar leyes reglamentarias.
Morena supo utilizar las leyes electorales que definieron el PRI y el PAN en el pasado para construir las dos mayorías, pero ahí se encuentra precisamente el meollo de una crisis que amenaza con la estabilidad morenista: desacuerdos con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo y los indicios de que estos dos pequeños opositores por sí solos no podrían aportar los votos necesarios para una coalición a posteriori.
La fuerza política de Morena está enfocada a conseguir las mayorías absoluta y calificada para llegar a las elecciones presidenciales de 2030 con garantías suficientes como para aspirar a un tercer piso de la 4T. Pero una cosa está siendo muy clara: Morena no es lo mismo como partido político que como movimiento controlado directamente por Andrés Manuel López Obrador, quien, como expresidente, no tiene la visibilidad suficiente para mantener el control de su organización.
Las primeras candidaturas a gobernadores fracturaron ya a Morena y fueron indicio de las malas noticias que se pudieran agravar en los próximos meses.