Acteal: Desiguales ante la ley
El proceso llevado a cabo contra los presuntos responsables de la matanza ocurrida en la comunidad chiapaneca de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, se ha convertido en uno de los casos más paradigmáticos del régimen de injusticia e impunidad que se ha enraizado en nuestro país.
El retorcido sistema de impartición de justicia, ha permitido que el Ejecutivo - desde siempre- se sirva de ministerios público, jueces, magistrados y ministros para encarcelar a inocentes por razones no políticas, sino politiqueras.
El ejemplo más vivo, actual e indignante, es precisamente el de Acteal, la dolida comunidad situada en el municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas.
Ahora, a más de una década de los trágicos acontecimientos, resulta que el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas e instruyó a falsos testigos para que al menos 40 indígenas fueran condenados injustamente por jueces y magistrados federales ineptos o corruptos. La sentencia de la Corte no debiera representar el punto final de la tragedia de Acteal, sino esperanza de transparencia y de reparación del grave daño que causó el Estado a quienes, indebidamente, durante más de una década estuvieron encarcelados.
Como contraparte, entre las consecuencias que debiera tener la resolución de la Corte, debiera estar el que, entre otros, se llame a cuentas a Jorge Madrazo Cuéllar, quien fungía como procurador; a Emilio Chuayfet, a la sazón titular de la Secretaría de Gobernación, y a Ernesto Zedillo, entonces jefe del Ejecutivo.
Lo más probable, sin embargo, es que contra los más elementales principios de un Estado democrático de Derecho, a ninguno de los mencionados se les toque siquiera con el pétalo de una rosa. Se demuestra que los mexicanos no somos iguales ante la ley y de que con ella, por un lado, se negocia y se trafica en perjuicio de los pobres y los débiles, y, por el otro, se brinda protección a ricos, influyentes y poderosos.
Eso, claro está, mientras al ciudadano no le interesen las cuestiones públicas; mientras permanezcamos débiles por desorganizados, mientras no recobremos nuestra capacidad de indignación, mientras no nos decidamos a cumplir con nuestros deberes y a ejercitar puntualmente nuestros derechos.
La posibilidad de cambio ha estado y estará siempre en manos de nosotros, los ciudadanos.
