¿Por qué fuero militar?
Se dice que lo acertado de estrategias y decisiones se mide por la objetividad de los resultados, pero bajo este criterio, la “guerra” que el presidente Calderón declaró a narcotráfico y delincuencia organizada no sale bien librada.
Si bien es cierto se trata de un asunto de seguridad nacional, lo censurable es hacer caso omiso de la opinión de líderes de diversos sectores sociales, económicos, políticos, culturales y académicos, que han advertido que además de usurpar funciones -que claramente corresponden a la policía-, la milicia no está entrenada –ni preparada- para salir a las calles y tratar con la ciudadanía.
El resultado es evidente: la militarización se traduce en graves violaciones o atentados contra los derechos humanos, al incrementarse los casos de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes.
¿Alguien puede argumentar en contrario en el caso de la comunidad de Le Barón, en Chihuahua?.. ¿Alguien puede explicar por qué en la entidad con mayor número de efectivos castrenses, el Ejército tardó horas en llegar a un sitio distante unos cuantos minutos?
Estas violaciones a los derechos humanos ponen, ineludiblemente, sobre la mesa del debate el tema de hasta dónde es justo y jurídicamente procedente el “fuero militar”.
La respuesta pudo y debió haberla dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con ancestral morosidad (léase caso de la guardería ABC en Hermosillo), en México puede enseñorearse la impunidad antes que los ministros sacrifiquen sus vacaciones.
Hoy, es oportuno no olvidar que el asunto de los derechos humanos no es cosa menor: 26 organizaciones sociales de 13 países de la región, lo mismo que la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas, entregaron por separado a la Corte tres memoriales en los que afirman que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos civiles.
A esta posición se sumó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, quien ha documentado y probado de manera fehaciente ese tipo de violaciones por parte de militares, al tenor de una conclusión muy sencilla: ¿dónde están los consignados?
Sin duda, la presencia del Ejército en las calles es un tema de suyo complicado y vasto en polémica. Sin embargo, pongamos en claro una cosa: En las ciudades que más padecen el terror y la ocupación militar (Ciudad Juárez, por ejemplo), la gente no salió a votar (la abstención llegó a 75 por ciento) y ahí se registra que las enfermedades de transmisión sexual -en especial el contagio del VIH-, se han convertido en un problema de salud pública, al reportarse incrementos de 40 por ciento, sólo de sida.
El Ejército está en las calles, pero lo inadmisible es que los que corren más peligro son los que demandan justicia, los que todavía creen que las autoridades pueden protegerlos; los que exigen simplemente sus derechos humanos.
