Fracaso anticipado




Con la impronta de la abulia, el desdén y la creciente aversión a los políticos, lo sucedido el pasado 5 de julio es muestra contundente de que el gran perdedor de la jornada electoral es la “reforma” que en el 2008 se hizo a modo de los partidos.

Al marginar al ciudadano y cooptar al Instituto Federal Electoral (IFE), la mascarada que pomposamente se calificó como reforma electoral naufragó y lo único que logró concitar fue la certeza de que sin auténticos mecanismos de participación, el mexicano está harto de que los partidos se sirvan con la cuchara grande; saqueen el erario y la única salida sea votar “por el menos peor”.

No se trata de alinearse con los que promovieron el llamado “voto nulo” o “voto en blanco”, sino de advertir que lo que vivimos es el fruto podrido de la partidocracia, así como la demostración clara y contundente de que llegó la hora de devolver al IFE su carácter ciudadano y su prestigio.

La constante del abstencionismo y el desprecio hacia todo lo que tenga que ver con política y los políticos, refleja meridianamente que el pueblo rechaza el estado actual de las cosas. No se ven espacios de participación y la oferta “democrática” no se ve como instrumento efectivo para resolver las crisis económica, de seguridad y política que padecemos.

Es tiempo que se entienda que en la histórica campaña de Víctor González Torres -como candidato independiente a la Presidencia de la República en el 2006-, así como en el triunfo de la abstención el 5 de julio, está la necesidad de una reforma electoral que, de una vez por todas, resquebraje el monopolio partidista para registrar candidaturas ciudadanas a puestos de elección.

Para que lo anterior se convierta en una realidad, se necesita que esa nueva reforma responda a demandas populares como la reglamentación de candidaturas independientes; la supresión del financiamiento público a los partidos políticos; la disminución del número de diputados y senadores, y la incorporación a la Constitución de figuras como la rendición de cuentas, la revocación del mandato, el referéndum y el plebiscito.

Por eso y para eso, aún hay tiempo de que la ley reivindique el derecho constitucional de asociación, de modo que sea posible la formación de nuevos partidos en la antesala de los comicios presidenciales del 2012.

Se trata, en primera instancia, que se restañe la credibilidad de un IFE secuestrado por politicastros facciosos; que el Legislativo tenga origen ciudadano, y que nuestra democracia convierta en realidad la declaración del artículo 39 constitucional, el que establece que la soberanía radica originariamente en el pueblo y que el gobierno se instituye para su servicio.

Ese es el desafío de la próxima LXI Legislatura del Congreso de la Unión. ¿El descalabro del 5 de julio les abrirá los ojos?