Seguridad pública, otro
compromiso incumplido

A casi 10 meses de que se firmara el pomposamente bautizado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, resulta de obligatoriedad técnica y de sentido común, hacer un análisis sobre los avances y rezagos del histórico compromiso.

Quizá lo primero que debe advertirse, es que el acuerdo no se limitó a las acciones coercitivas y a las estrategias militares o policíacas para ganar la batalla a la impunidad y a la delincuencia organizada, sino que refirió dos cuestiones que, sin duda, son el basamento de la seguridad pública que ha de garantizar el Estado: justicia y legalidad.

Muchas son las definiciones de justicia, pero en este caso lo procedente es verla como un ingrediente del  Estado de Derecho que llama a respetar las vidas y los bienes ajenos, pero también y, sobre todo, como una aspiración que no admite abismos entre los pocos que lo tienen todo y los muchos que carecen de lo indispensable para vivir.

Visto integralmente, el acuerdo del 21 de agosto del 2008 es, como se anticipó, una buena intención. Lejos de avanzar en materia de justicia social, el país ha retrocedido (multiplicación de desempleados y de estómagos vacíos, cuya hambre se traduce, ciertamente, en mala consejera).

Está claro, por otra parte, que poco o nada hemos avanzado en cultura de legalidad; que más bien hemos retrocedido, pues el desprecio a la ley como forma de corrupción, no se constriñe a las esferas del poder público, sino que se trata de un cáncer presente y extendido en la sociedad.

Frente a este panorama, debe reconocerse el esfuerzo de Felipe Calderón, pero puntualizar que éste ha sido insuficiente. Así, la seguridad pública se ha traducido en otro compromiso incumplido por el régimen actual.

De ella nadie escapa; ni los ricos por ser ricos, ni los pobres por ser pobres. Lo mismo se asalta al trabajador que acaba de cobrar su quincena, que al rico empresario o poderoso magnate.

El reclamo de la sociedad permanece vivo y vibrante frente a un Estado cuya razón de ser y existir, es precisamente la de garantizar la vida y el patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos.

Ahí está el gran compromiso incumplido.