Como si tratase de un asunto para celebrar, el gobierno anunció con bombo y platillo que México solicitó un crédito al Fondo Monetario Internacional por 47 mil millones de dólares; dicha cantidad que sumada a los 80 mil millones que se tienen en reservas, así como a los 30 mil pactados con la Reserva de Federal de Estados Unidos, hacen un total de 157 mil  millones de dólares para afrontar la crisis, apoyar el empleo y garantizar el “crecimiento” del país.

Lo  que el gobierno calla, es que de acuerdo con un informe del Banco Mundial, el monto global de la deuda externa e interna de México, el cual incluye compromisos con los trabajadores del ISSSTE y del IMSS, así como las deudas de los gobiernos estatales, el rescate de Fobaproa, IPAB y carreteras, es de un billón 195 mil 763 millones de dólares, lo que representa 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

A esa cantidad estratósferica se le suman, ahora, los 47 mil millones de dólares del nuevo crédito que acaba de tramitar el gobierno.

Aunque el anuncio no fue acompañado con la información relativa al monto de intereses y plazo de pago, puede afirmarse y reafirmarse, de
antemano, que nuestra deuda externa, además de eterna, es impagable.

No se necesitan mayores conocimientos en la ciencia de la economía, para entender que su monto resulta desproporcionado a las posibilidades de ingresos gubernamentales, los que siguen dependiendo del petróleo y de las remesas de nuestros paisanos que ven las de Caín en el país vecino del norte.

Para que se entienda mejor el asunto, éste puede equipararse con el de la economía de un empleado o de un trabajador súper endeudado con un banco equis, pero que a pesar de eso, le   informa al mundo que todo va bien, que las cosas marchan de maravilla  porque ese mismo banco le prestó más dinero, que lo hizo justamente cuando acaba de perder el empleo o cuando le rebajaron su salario.

La sociedad mexicana debe actuar y reiterar su exigencia de que se eleven a rango constitucional figuras democráticas como la del plebiscito y referéndum, de manera que sea el pueblo y no el gobierno el que decida sobre cuestiones tan delicadas como la del endeudamiento externo. Así lo exige el modelo republicano al que el pueblo mexicano aspira.