El próximo proceso electoral pondrá a la democracia a prueba

El presente año está por terminar; el que viene será intenso política y económicamente hablando. En efecto, con las elecciones intermedias y la crisis económica que vivimos -algunos dicen que es financiera- tendremos mucha actividad pública, partidista y privada.

Los presuntos candidatos a puestos de elección popular -tanto locales como federales-, ya se preparan para obtener, en primer lugar, la nominación de su partido o de un partido (para quienes no lo tienen). Hay también ciudadanos que, tercamente, quieren poner a prueba la pseudodemocracia en la que vivimos, mediante su nominación como candidatos no registrados.

La verdad es que tendremos un proceso electoral complicado, no sólo por la división y en algunos casos pulverización de las corrientes partidistas, sino por las ambiciones de quienes no quieren que en México impere la democracia y sean las mayorías las que triunfen.

En nuestro país, si recordamos la actitud del inefable Luis Carlos Ugalde, los votos por candidatos no registrados sólo tienen “valor estadístico”, a pesar de que aparezcan en boletas electorales válidas y se regule su escrutinio y cómputo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Si el nuevo consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) insiste en esta postura ilegal y contraria a la Constitución General del País, podríamos afirmar que en el aspecto electoral, en México no hay democracia.

Y si en un aspecto tan importante en la vida comunitaria del Estado de Derecho, en un país que abomina el totalitarismo, se niega, en los hechos, que la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio, estableciéndose, también en los hechos, que todo “poder público dimana de los partidos políticos”, podemos afirmar que en nuestro país lo que impera es la partidocracia.

Los órganos electorales tienen en el proceso próximo la oportunidad de recobrar la confianza que se perdió bajo la presidencia de Luis Carlos Ugalde, la que con el propósito de restablecerla exigió reformas constitucionales y legales en materia electoral, que no resultaron positivas en cuando menos dos puntos. A saber:

• El retroceso en cuanto a las atribuciones de las agrupaciones políticas nacionales y el cambio de fecha para la constitución de nuevos partidos políticos, se llevó hasta los años 2013-2014; y
  
  
• La libertad de expresión cercenada al no permitir que los particulares expresaran su opinión respecto de candidatos y partidos, a través de los medios electrónicos, prohibiéndoles que pudieran adquirir tiempo aire.