Explotación sexual infantil,

crimen de lesa humanidad

Por Ana Valle

La explotación sexual infantil es un crimen de lesa humanidad, que no respeta edad, género o condición social; es un problema social que no tiene fronteras y en los últimos años el panorama en México no es alentador, ya que miles de niños y niñas han sido víctimas de prostitución, trabajos forzados, pornografía e, incluso, de algunas formas de esclavitud.

Pese a que no existen datos fidedignos que den cuenta del número de niños y niñas víctimas de este flagelo, asociaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que en el 2007 cerca de 60 mil infantes fueron explotados sexualmente en el país.

Sólo el año pasado, unos siete mil niños y adolescentes fueron víctimas del comercio sexual infantil en la ciudad de México. El problema es tal, que la fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas de la PGJ, Guadalupe Morfín, reconoce que además de ser un crimen de lesa humanidad que se extendió en el país como “plaga”, la explotación sexual de niños y niñas no se ha tomado con la seriedad del caso ni se han aplicado medidas para erradicar y prevenirla; “es una deshumanización colectiva que aun con la legislación mexicana quedan muchos pendientes por hacer”.

De acuerdo con la funcionaria, los motivos por lo que los niños, niñas y adolescentes son objeto de explotación sexual son la pobreza, la migración y desintegración familiar.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la explotación sexual comercial, vulnera los derechos de los niños, principalmente porque deja secuelas dolorosas en las víctimas.

Datos de la propia CDHDF señalan que el año pasado se estimaba que había 250 mil niñas atrapadas en las redes de la prostitución. La mayoría de esas niñas son analfabetas o tienen primaria incompleta; por ello sufren una cadena de negación de sus derechos, como los de salud, vida digna y trabajo.

De hecho, el  presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, indicó que se tiene que empezar a trabajar para enfrentar la cultura patrimonialista, donde los padres creen que sus hijas son de su propiedad y pueden venderlos, como sucede en muchas entidades.

El problema es tan serio, que para la presidenta de la asociación Infancia Común, Raquel Pastor Escobar, no bastará una política pública para erradicar el mal, mientras persistan factores culturales que hagan cómplices a los miembros de la sociedad para hacer caer a los menores en sus redes.

Por ello, concluyó, es indispensable que tanto la sociedad como el Estado mexicano asuman la responsabilidad de garantizar los derechos de la infancia, y con ello se vuelva imposible -o difícil- la dinámica que actualmente favorece el comercio sexual infantil.