Se respira miedo e inseguridad
Preocupan abusos de militares en operativos
Los enfrentamientos y las muertes que en pasados días se han incrementado entre grupos de narcotraficantes y el ejército mexicano en entidades como Michoacán, Chihuahua y Veracruz, mantienen al país sumido en el miedo y en la inseguridad.
La estrategia que ha tomado el gobierno mexicano para enfrentar este problema ha sido cuestionada por muchos mexicanos y fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), legisladores y analistas, y en Estados Unidos por la organización Human Rights Watch.
En Washington, el grupo defensor de los derechos humanos envió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para expresar su preocupación por “la creciente cantidad de abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.
Por lo anterior, solicitó a la administración del presidente Barack Obama “exigir enérgicamente” al gobierno de México el respeto a derechos humanos o, de lo contrario, retener 15 por ciento de los fondos del Plan Mérida (de ayuda antinarco), hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por militares “sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil”.
En el mismo sentido, el responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que hay evidencias de que las garantías individuales no se están respetando.
Consideró que el fuero militar debe prevalecer cuando los militares realizan funciones propias de su actividad, no así cuando desempeñan acciones de seguridad pública en el territorio nacional.
“El crimen organizado no se combate con más balas, pues está demostrado que la delincuencia tiene más y mejores armas”, expresó el ombudsman.
Especialistas en seguridad advirtieron que si los militares continúan en el combate al crimen organizado, deben estar sujetos a controles de las autoridades civiles que eviten violaciones a los derechos humanos.
El presidente del Senado, y coordinador del PAN, Gustavo Madero, reconoció que esta situación los obliga de manera impostergable a reflexionar y legislar sobre la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, con el fin de que el Congreso les ponga límites y condiciones.
El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, aceptó que la violación a derechos humanos es el riesgo de incluir al Ejército en esa tarea.
Por otra parte, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el gobierno federal está obligado a replantear su estrategia.
El gobierno debe dar la seguridad a los mexicanos de que su estrategia en todo el país genera resultados positivos y no sólo enfrentamientos y muertes.
