La seguridad pública,

secuestrada por la corrupción

Por Moisés Sánchez Olvera

México está secuestrado y ello, más allá de un recurso semántico, es la realidad que azota a un país donde, en los últimos tres años, cerca de 50 por ciento de sus habitantes han sido víctimas de un delito.

José Luis Soberanes Fernández, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer los resultados del segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública y en él, más que presentar avances, quedó en entredicho el “combate frontal” que se hace al crimen organizado, cuando se conoce que, en promedio, 43 mil 835 personas han sido víctimas de la delincuencia diariamente.

De acuerdo con las cifras oficiales, en los últimos años se denunciaron ante el Ministerio Público -en todo el país- alrededor de 18 millones de delitos de los fueros común y federal, pero este dato –reconoció el Ombudsman nacional- no refleja la incidencia real, pues los números rojos de la ola delictiva en el periodo de 2006 a 2008 arrojan que sólo uno de cada 10 delitos se denuncia.

Sin ir más lejos, se habla de que en los últimos tres años 48 millones de mexicanos han sido víctimas del delito; es decir, 16 millones por año o 43 mil 835 por día, lo que representa un margen de impunidad de ¡98.76 por ciento!

Al presentar este segundo informe, Soberanes Fernández dio a conocer que, en relación con los delitos de alto impacto, entre enero de 2006 y el 1 de diciembre de 2008 se reportaron más de 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado.

De enero a diciembre de este año, la CNDH registró 5 mil 585 ejecuciones, encabezando la lista Chihuahua (con más de 1,878), adelante de Sinaloa (853), y Baja California (535 ejecutados).

También se advierte “la preocupación” en el tema de los secuestros, ya que de 2001 a noviembre de 2008 se denunciaron oficialmente 5 mil 140 plagios, pero al considerar la cifra negra el número se eleva a casi 20 mil, en el mismo periodo.

Refirió que, en los hechos, se observa que la policía enfrenta problemas que impiden su adecuado desempeño (mantienen esquemas extremadamente débiles de rendición de cuentas, falta de sistemas confiables y públicos para la evaluación del desempeño y de la conducta individual de sus elementos, y no cumplir con estándares profesionales para proporcionar información al público sobre faltas, delitos y percepción de la inseguridad), además del incremento en los índices de corrupción, la penetración de la delincuencia en las instituciones de seguridad y su deficiente preparación, lo que genera que el nivel de confianza hacia las policías sea muy bajo.

Los MP por la calle

Respecto de los agentes del Ministerio Público, el Ombudsman explicó que se “detectaron” fallas estructurales en su formación profesional, malas prácticas administrativas en el ejercicio de su función, mala atención a víctimas del delito, así como falta de eficiencia y debida diligencia en la persecución de delitos, además de la falta de registros confiables y de datos reales sobre el número de órdenes de aprehensión y reaprehensión libradas y las pendientes de cumplir, además de falta de datos verídicos sobre el número de averiguaciones previas enviadas al archivo o a la reserva, y del número de indagatorias inconclusas.

“La aparente disminución de los delitos que observamos en las estadísticas oficiales, dijo, se explica por el surgimiento en los últimos años de la práctica de los agentes del Ministerio Público de no iniciar averiguaciones previas, sino de lo que se denomina “actas circunstanciadas”, situación que propicia mayor desconfianza social, así como una firme convicción en las víctimas del delito de que no obstante la presentación de denuncias, éstas no se tramitarán, a la vez de propiciar un incremento en los márgenes de impunidad.

De igual manera, sostuvo, la falta de resultados por parte de las procuradurías generales de justicia obedece a la ineficiencia o apatía de las autoridades, quienes en muchos de los casos se dedican a esperar que las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o que los peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación en la que se realicen las diligencias mínimas necesarias, difiriendo los tiempos de manera ilimitada”.

Propuestas

Sin duda, un presente desalentador, aun cuando la CNDH propone reevaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública, para que todos los recursos se apliquen en acciones orientadas a la contención de la crisis de inseguridad y violencia. Se busca definir si la gravedad del problema “pone en riesgo” la preservación de la seguridad interior o nacional del país, que justifique la disposición de las fuerzas armadas en esa lucha, considerando que cuando se logre el control y la preservación de la seguridad, se retire a las fuerzas armadas de esa tarea.

También se propone una política de seguridad que ataque las causas de la criminalidad y contemple medidas preventivas de todo factor delincuencial, así como garantizar el derecho a la seguridad pública mediante el establecimiento de indicadores objetivos por parte de las instancias de seguridad pública, detección y eliminación de prácticas institucionales que generan subregistros delictivos, propiciar la creación de una instancia plenamente imparcial y autónoma del Ministerio Público para investigar delitos en que estén involucrados policías y miembros de áreas de seguridad pública y procuración de justicia, además de impulsar y consolidar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito, sancionar a servidores públicos que resulten observados por los organismos públicos de derechos humanos ante abuso de poder u omisiones, e impulsar y reconocer la profesionalización de las corporaciones policiales y revalorar la importancia de la función que cumplen para la sociedad.