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Urge transición energética en el país

Especialistas afirmaron que México necesita una transición energética que lo aleje de los combustibles fósiles, pero que respete los derechos humanos y las necesidades de las comunidades afectadas por los proyectos.

Durante el seminario virtual "Energías renovables con enfoque de derechos humanos para una transición energética justa", lamentaron que el Gobierno federal invierta los escasos recursos públicos en proyectos como la refinería de Dos Bocas, que lo único que generarán es un incremento en el consumo de energías fósiles.

El especialista en ecología política Carlos Tornel consideró que el acuerdo publicado por la Secretaría Energía sobre el impedimento de poner en marcha nuevas centrales eléctricas solares o eólicas muestra un debate superficial en torno a las energías renovables, ya que se limita a determinar si éstas son buenas o malas y el costo que implican para la Federación.

"Es un debate que reduce la discusión a la idea de si las renovables deben participar o no por su intermitencia, por el costo que implica para el Estado la integración de la red y básicamente lo pone como una discusión de es bueno o malo, es privado o es público y es un debate que está eclipsando la discusión de cómo debería de ser la transición energética, a quién le toca decidir y cómo, esa es la preguntas que yo me haría", sostuvo.

En la actualidad, dijo, en México prevalecen dos posturas sobre el tema, la primera impulsada por organizaciones de la sociedad civil y algunas empresas, según han manifestado públicamente, la cual plantea un modelo de "capitalismo verde", en el que la naturaleza es utilizada como un repositorio de servicios ambientales y hay una mercantilización de la naturaleza detrás del "velo verde".

Este, explicó, es el modelo que se ha persiguió desde 2013, con la reforma energética.

El segundo modelo, agregó, es el impulsado por la 4T, el cual está basado en principios no extractivistas y en megaproyectos con beneficios sociales de corto plazo pero que, a la larga, generarán un incremento en el consumo de energías fósiles y afectaciones al medio ambiente.

Además, agregó, este modelo no cuestiona la estructura del capital a nivel global, ya que México continúa dependiendo de esa demanda global.

Ante ello, Tornel estimó necesario comenzar a hablar de una tercera vía, toda vez que en la actualidad el 36 por ciento de los hogares presenta algún grado de pobreza energética, en tanto que el sector representa alrededor del 76 por ciento de las emisiones, lo que significa que hay una gran desigualdad en el consumo de energía.

Jorge Villarreal, director de Política Climática y Transporte de Iniciativa Climática de México, opinó que es necesario el replanteamiento de la política energética nacional, encaminada a una mayor participación de energías renovables y una menor inversión y gasto público en proyectos de infraestructura basados en fuentes fósiles.

"La refinería y la reactivación de las termoeléctricas o como la carboeléctrica son proyectos que, desde la perspectiva de cambio climático no tienen espacio, en seguimiento a lo postulado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Especial de Cambio Climático de la Semarnat, la Ley General de Cambio Climático y distintas disposiciones legales y administrativas", insistió.

El especialista afirmó que la política energética impulsada por el Gobierno federal tampoco tiene cabida desde una perspectiva de salud pública y de seguridad energética.

"No tiene espacio tampoco desde una perspectiva de salud pública, por los contaminantes generados por el alto contenido de azufre, por las partículas PM2.5, y menos aún en un contexto Covid-19, donde la salud pública es la prioridad número uno. También desde la perspectiva de seguridad energética, si quieres depender menos de la importación de combustibles fósiles para la generación energética".

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, advirtió que se requiere una transición energética justa y basada en derechos como medida central y urgente para enfrentar el cambio climático, bajo el papel rector del Estado y en donde uno de los principios centrales sea la transparencia.

Calvillo recordó que en el pasado, diversas empresas energéticas desarrollaron proyectos sin consultas plenas a las comunidades, sin transparencia, sin pagos mínimos por la renta y con beneficios raquíticos para los municipios.

Estas empresas, dijo, sacaron provecho de la falta de regulación y transparencia a costa de los propietarios de la tierra y las comunidades.

No obstante, aclaró que con una política reguladora transparente y justa, con contratos públicos y adecuados y con beneficios para los propietarios de las tierras y los municipios, la energías renovables deben seguir adelante.

"Hay que decirlo muy claramente, las energías renovables tienen la posibilidad de }ser todo lo contrario, de apoyar el combate a la pobreza, el desarrollo de las comunidades, de favorecer el acceso a energías más baratas para los consumidores e incluso permitir a los consumidores generar su propia energía, estas posibilidades no existen con los combustibles fósiles", aseguró.

Reforma 10-06-20

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