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Urge nueva Reforma Electoral

 

Visto  el  fracaso  de  la  más  reciente  reforma  electoral, derivada de  las  reformas a los artículos 6o, 41, 85, 99,108, 116 y 122 de nuestra Constitución; adicionado el artículo 134 y derogado un párrafo al artículo 97, es de urgente y obvia resolución proceder a  la mayor  brevedad posible reformar nuevamente nuestra Carta Magna en los mismos preceptos  constitucionales, que den vida a  un  nuevo Código  Electoral que, para ser más fácil de memorizar, acorte también  su denominación y quede con esas dos palabras: Código Electoral.

La  Ley en materia electoral, que nació de las reformas a los artículos  constitucionales antes mencionados, fue bautizada como  la “Ley  Beltrones”  porque se atribuye la paternidad al político sonorense que, recientemente, se  descartó  como  presidenciable, durante una rueda prensa efectuada en  Matamoros, Tamaulipas.

Desde que entró en vigor  la citada Ley el 14 de noviembre de 2007, al día  siguiente de su publicación en el Diario Oficial hubo rechazos a varios de sus  ordenamientos entre ellos la prohibición terminante para que los partidos políticos, “en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por  terceras  personas, tiempos en cualquier  modalidad  de radio y televisión”.

Prohíbe,  asimismo, que “ninguna  otra  persona  física, o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar  propaganda en radio y televisión  dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en  contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”:

Durante los dos meses de campaña que estableció el COFFIPE, los  spots  transmitidos por radio y televisión, fueron obsequiados a los partidos políticos por  el  IFE,  en una pésima  programación, ya que pasaron como chorizos, uno tras otro, durante la transmisión de las telenovelas, sin dar tiempo al teleauditorio para  registrar en su cerebro los mensajes políticos.

La nueva Ley Electoral también debe incluir el referéndum para la aprobación de asuntos e iniciativas de especial importancia, como la reciente reforma petrolera que quedó coja por las presiones pejistas que impidieron a los  mismos  mexicanos invertir en la paraestatal.

 

 
 
 

     
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