Corte: los platos rotos
La indignación por la muerte de 49 niños en Hermosillo, Sonora, que causó la negligencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, no debiera obnubilar el escenario de fondo: el país, que está en la necesidad de una reforma integral de sus instituciones como producto de la pérdida de las mayorías partidistas.
La investigación de la Corte sobre el caso de la guardería ABC fue contaminado por lo político. El ministro Arturo Zaldívar, a lo mejor con entendible indignación, quiso convertir a la Corte en un tribunal de condena, cuando la instrucción original era la de indagar sólo si había habido una “violación grave” de las garantías individuales de los niños.
El escándalo se veía venir. Cualquier conclusión no iba a satisfacer a la indignación nacional. Pero pocos han insistido en el tema realmente de fondo: la Corte ha sido obligada a ejercer el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional ante la incapacidad de los tribunales penales existentes. A las procuradurías nacional y de Sonora les correspondía una averiguación previa que condujera a órdenes de aprehensión y a los congresos federal y local les tocaba la realización de juicios políticos contra los funcionarios presuntamente encontrados como responsables.
Por ello, la exigencia de condenas debió de endosárseles a las procuradurías General y de Sonora. Pero con habilidad política, estas dos instituciones realizaron una indagación pericial deficiente y se sentaron a esperar que el tiempo pasara. Ahora mismo, después del dictamen de la Corte, los congresos federal y sonorense tienen tiempo y obligación moral para iniciar juicios políticos contra los funcionarios mencionados en el documento final no aprobado de la Corte.
La Corte quedó como el cohetero: como no estallaron los cohetes, les chiflaron. Pero en descargo, de origen la Corte estaba imposibilitada para mencionar responsables. Lamentablemente lo sabía el ministro Zaldívar pero aún así se lanzó a un giro de trapecio sin red protectora. De haber aprobado su informe, los ministros y la propia Corte pudieron haber sido indiciados con un juicio político por rebasar los límites de su competencia.
Lo malo de todo es que el caso ABC reveló las insuficiencias de la Corte, pero todos critican y nadie comienza la gran reforma del poder judicial. La impunidad política y de gobierno no será responsabilidad nada más de la Corte, sino del poder legislativo que tiene la función originaria de iniciar reformas legales. De ahí que la complicidad en la impunidad hay que buscarla en el legislativo, no nada más en el judicial.
