Si la gran conquista política mexicana, después de 1988, fue la reforma electoral, extraña que luego de más de tres decenios, sigan los conflictos prelectorales-electorales-poselectorales. Sea cual fuere el saldo de las votaciones del próximo 6 de junio, habrá que pensar en otra reorganización de las oficinas electorales.
El problema es doble: los legisladores han diseñado instituciones electorales como embudos políticos y a favor del partido dominante en turno, en tanto el INE viene del pecado original del IFE: una casta de consejeros electorales que deciden castigos y premios en un gran tribunal de intereses.
Bien se sabe, una oficina electoral tiene solo que organizar elecciones: padrón, credencial y votos. Y estas son una parte de la democracia, asociadas al procedimiento de usar al pueblo en votación para cambiar gobernantes.
Pero el INE mexicano se cree el Ministerio de la Virtud de la Democracia, una especie de cuarto poder constitucional, cuando esta manera de gobierno involucra instancias posteriores a las elecciones y en otros espacios de representación popular.
Por ello, habrá que cambiar al INE y a su cuerpo colegiado de consejeros por un instituto con funcionarios en direcciones de área que organicen elecciones. Y el Tribunal debe estar adscrito al Poder Judicial por la vía de los delitos electorales como figura penal.
México ha pasado por tres alternancias —del PRI, PAN, PRI y Morena—, y nadie ha quedado satisfecho.
De pronto, el INE se transforma en el Olimpo de Zeus, dominante, y decide el destino de los candidatos, mientras los consejeros electorales se la pasan hablando más de democracia como idea-fuerza o gobernabilidad, que de la democracia electoral como paso para que el pueblo elija a sus gobernantes en las urnas.
La reforma
