Entre jalones y estirones, el Congreso aprobó la estrategia nacional de seguridad pública, el apoyo al programa de paz y la Guardia Nacional, propuestas por el gobierno del presidente López Obrador. Y si bien es cierto que la crisis de seguridad es compleja, las cifras de violencia criminal son mayores a periodos anteriores.
Algo está fallando y los estrategas gubernamentales no aciertan a saber qué no está dando resultados. De acuerdo con el escenario de inseguridad, cuando menos, hay cinco puntos sin solución:
- La estrategia se creó para los cárteles del crimen organizado, pero las cifras de violencia criminal ocurren en la delincuencia al menudeo.
- Los responsables de la política de seguridad han resultado eficaces para la planeación; no para los operativos.
- El gabinete de seguridad no cuenta con una oficina eficaz y funcional de inteligencia criminal para monitorear a los delincuentes.
- El proceso de organización de la Guardia Nacional carece de un método programático y no tiene un programa de comunicación social; y por los resultados, las conferencias matutinas del presidente López Obrador no alcanzan para construir un consenso social a favor del nuevo cuerpo.
- Finalmente, el éxito de la estrategia de seguridad va a depender de las policías estatales y municipales porque las cifras de alta criminalidad son del fuero común, y la Guardia opera en el federal.
El gabinete de seguridad pública debe tener la suficiente flexibilidad para ajustarse a las contingencias y no ahogarse en las expectativas de corto plazo. Los datos revelan un aumento en la criminalidad al menudeo, sin capacidad para atender a grupos delincuenciales de dos o tres personas y movilidad por todas las ciudades. Ahí es donde las policías locales tienen la necesidad de aumentar su grado de eficiencia; pero su capacitación y controles de confianza andan por debajo de las exigencias.
Por tanto, la seguridad federal debe tomar el control de la reorganización de las seguridades estatales y municipales. Si no, el presidente López Obrador se quedará muy pronto sin argumentos para confirmar que se hace algo, cuando las cifras oficiales de criminalidad siguen creciendo por encima de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
