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Nuevos horizontes

 

En avanzado proceso legislativo están las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales que, aprobados por las cámaras de diputados y de senadores, postulan el Estado laico, garante de los derechos humanos y la libertad religiosa, lo que significa —si lo aceptan las legislaturas estatales—, que la mayoría del pueblo mexicano (más de 85 millones de personas),  podrá participar, dentro y fuera de los templos, en ceremonias y  enseñanza religiosa, disfrutar de libertad de pensamiento y de convicciones, ser orientados por su jerarquía eclesiástica, disponer de espacios en prensa escrita, radio, televisión o tener medios de comunicación propios.

Estas prerrogativas alcanzan también a toda clase de asociaciones religiosas, sin distingo, más allá del hecho de que la Iglesia católica es la única fundada por Cristo.

Cabe precisar que el pasado 6 de noviembre, el Senado de la República  formuló la declaratoria de la reforma al artículo 40 constitucional, en la que se reafirma el carácter laico en México. Dos días después, la Cámara de Diputados  emitió la declaratoria de reforma al artículo 40, por la cual se amplía la libertad religiosa, después  de que por lo menos 16 congresos de las entidades federativas avalaron los cambios.

Al redactar este análisis, la aprobación a los cambios hechos por diputados y senadores al artículo 24, estaba a 6 votos de alcanzar su aprobación. La Conferencia del Episcopado Mexicano confiaba en que “prevalezca la razón en las entidades restantes y se aprueben las reformas al artículo 24”. El obispo de Valle de Chalco, Víctor René Rodríguez, informaba que a la fecha, 10 legislaturas estatales habían dado su  aprobación. Solo faltan 6 votos, de un total de 32. Serían 16 a favor y 15 en contra.

Así las cosas, es de entenderse que, de acuerdo a los usos parlamentarios y el Ejecutivo Federal, resta que una vez cubiertas las instancias de rigor,  se publiquen los cambios en el Diario Oficial de la Federación para su puesta en vigencia en todo el país.

Nuestra opinión, externada con todo respeto para la forma de pensar de cada quien —sin que necesariamente se comparta—,  es que el país gana mucho con estos cambios parlamentarios.

Desde luego, se establece en gran medida, la congruencia entre el contenido de la ley suprema, o sea, la Constitución General de 1917, en relación con la forma de ser y de pensar del pueblo mexicano católico en su inmensa mayoría, sin excluir a ninguna asociación o grupo religioso.

El mexicano es creyente por naturaleza. Si se aspira a una democracia moderna,  con respeto a los derechos humanos, lo conveniente es que las leyes estén acordes con nuestra realidad y que estas se observen.

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Espacio a la Historia
Manuel Magaña
 
* Periodista desde 1952. Ha escrito 19 libros. La historia y la capital, son sus temas favoritos. Premio Nacional de Periodismo.
 
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