Cuando se anunció, en diciembre del 2012, la firma del Pacto por México, el primer escenario era el de una reorganización pactada del Estado, y se recordó el Pacto de la Moncloa, que permitió pasar de la dictadura a la instauración de una nueva democracia.

La idea no era nueva: las élites representantes de las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales encontrarían en el Pacto el espacio para los acuerdos y los consensos. Solo así se podía pasar del viejo régimen priista a uno nuevo.

Pero poco duró el gusto: las élites no buscaron el mejor modelo de desarrollo político, económico, social, sistémico y funcional, sino que cada uno de los partidos llegó con una agenda de particularidades. Y en el Pacto faltó la fuerza estabilizadora que encontrara los acuerdos y catapultara los consensos.

Lo que salió ahí no fue la reforma que necesitaba el país para pasar de un modelo de desarrollo funcional solo para el 45% de los habitantes —el 55% vive en pobreza y marginación— a otro que incluyera a un mayor número de mexicanos. Cada grupo político privilegió lo que no quería era negociar y dejó solamente pequeños espacios para el entendimiento.

El México que saldrá de las reformas constitucionales y las que vienen de las leyes secundarias estará lejos del ideal de un modelo de desarrollo para la abrumadora mayoría de los mexicanos, y lo que el país necesita es uno que lo haga crecer 6 % anual, con reformas estructurales, pero lo que está negociando permitiría únicamente, en el mejor de los casos, un promedio de crecimiento de 4 %.

Lo que las élites en los partidos se han negado a entender es la realidad del agotamiento del modelo de desarrollo basado en la hegemonía directa del Estado; no se trata de regresar al liberalismo a ultranza, sino de construir un Estado regulador con instrumentos para estimular el crecimiento económico y para una política social que no sea una carga fiscal de déficit público.

Pero el PRI, el PAN y el PRD han acudido a las reformas con una pesada carga histórica que debiera servir para no retroceder pero no para convertirse en lastre. Si no hay un enfoque novedoso, las reformas van a producir un Frankenstein que nada ayudará a combatir la pobreza.