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¿Quién es el adversario?

 

Las presiones de algunas organizaciones civiles de familias afectadas por la violencia criminal han creado una confusión que debe ser despejada: ¿quiénes son los adversarios? ¿Las fuerzas de seguridad que han logrado 50 mil delincuentes detenidos y el decomiso de más de 120 mil armas en manos de las bandas? ¿O las bandas criminales cuya acción ha provocado como efecto la ofensiva de seguridad?

Las organizaciones que siguen al poeta Javier Sicilia y sobre todo sus aliados religiosos -en franca violación del Estado laico- han decantado ya su enfoque: le exigen a políticos y funcionarios que se disculpen con las víctimas, la mayoría de ellas afectadas por las bandas criminales, y los sacerdotes aliados de Sicilia ya dictaminaron que los Zetas, el grupo paramilitar más criminal de los cárteles, y El Chapo Guzmán, el jefe de jefes de las bandas, también son víctimas del Estado.

El asunto ya no es policiaco. La ley de seguridad nacional que discute el Congreso es el punto de redefinición del carácter del Estado. Las organizaciones civiles han colocado a los derechos humanos en el centro de sus demandas, a costa de quitarle funciones de seguridad a las fuerzas armadas. Los derechos humanos son los derechos fundamentales de una sociedad humana, pero no pueden definir el carácter de un Estado que tiene como función el monopolio de la fuerza.

Ciertamente que las amenazas de seguridad ya no son las guerras de conquista o las invasiones, pero ahora las principales asechanzas provienen de organizaciones criminales dentro no sólo de las naciones, sino dentro de sus sociedades. De ahí la importancia de un Estado con capacidad de ejercicio de la fuerza para combatir a esos grupos que trafican con drogas prohibidas.

Los Zetas y El Chapo no son víctimas del Estado pero sus acciones sí han provocado miles de víctimas sociales. La ecuación es sencilla: si los cárteles no existieran, no amenazaran la hegemonía del Estado y no poseyeran armamento superior al de las policías, las fuerzas armadas estarían en sus cuarteles.

La sociedad debe tener claro que los enemigos son el crimen organizado, los cárteles que trafican droga y corrompen a la sociedad y los políticos cómplices de los delincuentes. Y si la sociedad no está de acuerdo con la ley de seguridad nacional, que le haga las reformas que sean necesarias pero que no le cedan espacio social a las bandas criminales que viven de la droga y de la corrupción.

Sí hay que defender los derechos humanos pero también el derecho del Estado de combatir a los delincuentes con toda la fuerza de la ley.

 


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Expedientes del Poder
Carlos Ramírez
 
* Periodista, columnista y escritor político. Ha publicado una decena de libros sobre la realidad política del país.
 
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