El 17 de julio de 1998 fue creado el Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo judicial internacional de carácter permanente, encargado de perseguir y castigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos por individuos que hayan escapado de persecución y castigo por cuenta de los Estados nacionales donde se cometieron los crímenes o de donde sean ciudadanos los acusados.
Pero son innumerables los casos de individuos que han cometido horrendos crímenes de lesa humanidad, y que no habiendo sido perseguidos y castigados por el país en el que se realizaron los delitos ni por las naciones de la cual son ciudadanos, tampoco han sido encausados por el TPI.
La reflexión es particularmente pertinente en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Indudablemente se trata de un crimen de esa humanidad, e indudablemente están impunes quienes lo ordenaron y muchos de quienes los ejecutaron materialmente. ¿Habrá posibilidades de que el TPI pueda perseguir, juzgar y castigar a los responsables del horrendo crimen?
Quizás en el corto plazo no sea posible. Pero como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, cabe esperar que en algún momento futuro el caso pueda ser presentado ante el TPI.
Por lo pronto, se habla ya entre los agraviados por los hechos de Iguala y Ayotzinapa (Guerrero), Tlatlaya (Estado de México) y San Fernando (Tamaulipas) de llevar estos asuntos ante aquel tribunal.
En lo personal, no creo que los interesados en someter esos casos a la jurisdicción de TPI puedan sensatamente esperar justicia. Pero es claro que estarían sentando un valioso precedente internacional de salvaguarda del derecho que les asiste a la justicia.
Un esfuerzo jurídico que si por ahora no muestra perspectivas de éxito (dado el poderío político de los responsables de ese crimen), podría tenerlas en el futuro. Será cosa, como se dice popularmente, de picar piedra y de no quitar el dedo del renglón
