No pactar ni legalizar

De manera imprudente se ha comenzado en México un debate innecesario: la urgencia de pactar con las mafias del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico, y la urgencia de legalizar las drogas peligrosas. La sola percepción de estos temas implicaría la aceptación de México como un Estado fracasado.

Cualquier pacto con las bandas implicaría la cesión de parte de la soberanía del Estado a un poder superior: el de la fuerza criminal de las bancas de delincuentes. Pactar no implica un acuerdo de caballeros sino la conclusión de que el Estado ya no pudo vencer a las bandas criminales y por tanto prefiere entregarle el poder.

Nadie se ha imaginado un país con un pacto con los criminales. El Mochaorejas, por ejemplo, tendría que salir libre y podría llegar a algún cargo de elección popular. El Chapo, con su poder económico, podría aspirar a la gubernatura de Sinaloa. Y así por el estilo. El pacto con las bandas implicaría la entrega de espacios territoriales, políticos y de soberanía a las bandas.

Lo mismo ocurriría con la legalización de la droga. Los hijos podrían adquirir cocaína y marihuana y heroína en cualquier tienda legalizada de venta de drogas. Y las mafias tendrían un estatus más fortalecido: como la venta sería legal, entonces las narcotienditas serían misceláneas destructoras de la salud de niños y jóvenes. Si ahora con leyes y policías el consumo de droga entre la niñez y la juventud es alto y creciente, con venta legal se multiplicaría hasta lo infinito.

Y resultaría paradójico que una sociedad que ha comenzado a ilegalizar el tabaco y el alcohol por sus efectos destructores en la salud de las personas se vea metida en el debate para legalizar las drogas más destructivas de la salud. El problema de legalizar la droga para regular el consumo no es más que el reconocimiento a la incapacidad del Estado para asumir la venta de drogas y la actuación del crimen organizado en un asunto de seguridad del Estado.

La delincuencia y el consumo de drogas deben ser vistos como un problema de seguridad, de soberanía y de salud, no como una derrota del Estado, de la política y de la sociedad. Hablar de pactos y de consumo legal sería tanto como entregarle el poder, el Estado y el gobierno a las mafias del crimen organizado que operan la inseguridad y el tráfico de drogas. Y nadie tendría que ser muy inteligente para imaginarse un país controlado por la delincuencia y la droga.

De ahí que la sociedad debiera ser más exigente con las autoridades y reclamar el avance de la inseguridad y del consumo de droga como un asunto de soberanía del Estado, de salud pública y de derrota de la política.

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